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¿Los mega-eventos afectan los derechos al suelo y la tenencia segura de un país?

Este año, Brasil está organizando el evento de deportes más grande del mundo – los Juegos Olímpicos de verano. Mientras que los atletas llegan a Rio para competir por medallas, y las audiencias globales se preparan para ver los Juegos, dos preguntas están en la mente de los residentes de Rio de Janeiro:

¿Dónde vivirán las familias que fueron desalojadas para construir la Ciudad Olímpica? ¿Y la infraestructura construida para el evento se convertirá en pueblos fantasmas, abandonados, y que decaen con el tiempo?

Rio es una de las ciudades más caras de Brasil. Una casa ubicada en una de las favelas que rodean la ciudad puede costar cerca de US$ 40,000, y han estado allí por más de 60 años. Las familias han construido sus vidas y hogares allí durante generaciones. Pero todo eso cambió cuando se construyeron las instalaciones olímpicas. Familias fueron desalojadas por la fuerza, teniendo que pasar por el trauma emocional, físico y financiero que viene junto con el tener que moverse a corto plazo. Comunidades enteras desaparecieron.

Organizaciones sociales y movimientos de la sociedad civil en Brasil están abogando porque la Ciudad Olímpica sea utilizada para vivienda social, que beneficie a las familias que fueron previamente desalojadas, para construir en su lugar mega proyectos. Ellos buscan evitar que se comentan los mismos errores que han afectado a Brasil después de la realización de la Copa Mundial de la FIFA en el 2013.

El mayor legado de la Copa del mundo no fue el desarrollo sostenible, o mejores medios de vida para su población. Por el contrario, el evento dejó una deuda masiva para el Estado, problemas de infraestructura, y más de 250.000 personas desalojadas de sus hogares,  para reemplazarlos por estadios y otras construcciones necesarias para alojar los juegos de fútbol. En algunos casos, el gobierno compensó estas familias muy por debajo del valor de mercado de sus casas. Por ejemplo, las familias que poseían una casa con un valor estimado de US$ 70.000 recibieron US$ 22.000, que no fue suficiente para comprar otra casa.

Y algunas familias desalojadas de la Copa del mundo siguen esperando recibir compensación por sus pérdidas. En Pernambuco, un Estado en la región noreste del país, 200 familias fueron desalojadas –con mínimo aviso- de la comunidad donde vivían durante 40 años para dar paso a un nuevo terminal de autobús. La terminal de autobuses, como muchos otros proyectos de la Copa del Mundo, no fue terminada a tiempo para el evento, y el suelo se encuentra inactivo. Hoy en día, las familias están demandando al gobierno del Estado de Pernambuco.

Cosas como esta suceden porque los derechos de propiedad son un tema polémico en Brasil. Las familias pobres generalmente viven en tugurios o asentamientos informales que a menudo no tienen propiedad legal del suelo en el que construyeron sus casas. Aunque existen leyes que garantizan que estas familias deben tener acceso a la tenencia del suelo, el proceso para legalizar sus derechos es largo y costoso. En promedio, un caso de tenencia del suelo puede tomar hasta 20 años y a menudo va a terminar sin una clara solución o recomendación.

Una investigación realizada recientemente por la Fundación João Pinheiro muestra que el número de edificios abandonados en Brasil, supera el número de familias sin hogar. Si se aplicaran políticas que hagan cumplir la función social de la propiedad, o se simplificaran los procedimientos para la regularización de las viviendas, se resolvería el déficit de más de 7 millones de personas en Brasil.

La función social de la propiedad es un término jurídico usado en Brasil en el sentido de que cada edificio en una ciudad necesita cumplir un rol, y se construya con un propósito. Esto hace ilegal el abandonar edificios en una ciudad. Sin embargo, estas políticas no se implementan  en la práctica, y en las ciudades existen miles de edificios abandonados, que no cumplen algún propósito que el de  contribuir a, y aprovechar de la especulación en el mercado.

El sistema legal de Brasil, como es el caso de muchos países, tiende a priorizar a los propietarios sobre ocupantes del suelo. Mientras que organizaciones de la sociedad civil hacen incidencia por la función social de la propiedad, y una mayor seguridad de tenencia para los residentes; sin embargo, es una difícil batalla para luchar. Pero es una batalla que 50 millones de brasileños que viven actualmente en viviendas inadecuadas,  y en inseguridad de la tenencia del suelo, tiene la esperanza de ganar.

** Ese texto es un traducción libre del texto original de Socorro Leite, Directora Nacional, Hábitat para la Humanidad Brasil


 

** Read the English version at the Thomson Reuters Foundation news portal, by Socorro Leite, National Director, Habitat for Humanity Brazil.

 

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