Las precarias condiciones de vida de un número demasiado elevado de personas en un mundo urbanizado como el de hoy han propiciado en varios países el surgimiento de numerosas movilizaciones sociales y prácticas políticas alternativas bajo el lema del derecho a la ciudad.

Estas experiencias (algunas más recientes, otras con cincuenta años de historia) demuestran que esta bandera política es un instrumento que cuenta con el doble potencial de permitir tanto el surgimiento de nuevas utopías sociales para un futuro mejor, como el desarrollo de propuestas alternativas concretas para la co-producción de ciudades y de asentamientos humanos basados en la agencia de todos los/as habitantes sin discriminación, pero otorgando una voz particular a los/as afectados/as por la exclusión y la marginación.

Los últimos acontecimientos mundiales relacionados con la crisis económica, la intensificación de los flujos migratorios o la globalización de un modelo urbano depredador han contribuido a profundizar la brecha entre ricos y el resto de la sociedad, han multiplicado las formas de exclusión e intolerancia y han provocado un serio retroceso en la garantía de derechos, afectando de manera particular a las mujeres y a determinados colectivos discriminados por razón de etnia, edad o clase, entre otros.

En este contexto, es urgente y prioritario difundir valores, prácticas e iniciativas alternativas que permitan contrarrestar estos efectos y contribuyan a que los entornos en los que vivimos (ya sean megalópolis, ciudades, pueblos o asentamientos humanos en sentido amplio) tengan rostro humano y promuevan la emancipación social y el desarrollo individual y colectivo.

Las ciudades han dado históricamente lugar a manifestaciones severas de exclusión, pero constituyen también espacios colectivos para la resistencia política, la defensa de los derechos sociales, la autonomía y la autogestión. El derecho a la ciudad nace de esta convicción, proporcionando un nuevo paradigma con el que repensar el actual modelo urbano. Para ello, ofrece principios estratégicos e instrumentos concretos de índole jurídica, urbanística y política, para transformar las ciudades y transformar así la sociedad en la que vivimos.

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